Los
laboratorios estarán obligados por ley a retornar parte de sus
ventas a la sanidad pública.
La medida permitirá ingresar 200 millones de euros anuales,
frente a los 100 anteriores. La mitad se destinará a investigación
y el resto a las Comunidades.
El
Ministerio de Sanidad no ha dejado que expire el pacto con Farmaindustria,
la patronal de los laboratorios farmacéuticos, para romper el
acuerdo de estabilidad firmado hace tres años. El Gobierno ha
cambiado las reglas de juego. Si sale adelante el Proyecto de Ley de
Presupuestos, la industria farmacéutica dejará de contribuir
voluntariamente a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud para
hacerlo por mandato legal.
Ya
no habrá más pactos amistosos. A partir del 1 de enero,
todos los laboratorios tendrán que retornar al sistema sanitario
un porcentaje del volumen de su facturación anual al Sistema
Nacional de Salud. La norma, que modifica la actual Ley del Medicamento,
afectará también a las empresas que fabriquen productos
sanitarios con financiación pública. «No es una
declaración de guerra a los laboratorios, sino una manera de
reconducir las relaciones», puntualizó la ministra de Sanidad,
Elena Salgado, a la cadena Ser.
En
esencia, se trata de que las empresas apliquen un porcentaje de descuento
sobre las ventas al sistema público, descuento que se calculará
en función del volumen anual de ventas de la compañía.
Ningún laboratorio podrá eludir su contribución,
como sucedía en el anterior acuerdo, y la idea es que los que
más vendan sean también los que más dinero aporten
a las arcas del Estado. La medida, sin embargo, puede afectar de forma
desigual a los laboratorios. La cuantía global estará
en torno al 2 por ciento de la facturación de los productos dispensados
por receta oficial, pero en algunos casos la contribución llegará
hasta el 5 por ciento.
Inversión
estable a investigación
Con
esta medida, Sanidad piensa ingresar unos 200 millones de euros anuales,
la mitad de los cuales se destinará a financiar proyectos de
investigación del Instituto de Salud Carlos III, como sucedía
hasta ahora. Con la diferencia de que se puede garantizar una inversión
estable de cien millones para el Instituto Carlos III, según
el Ministerio.
Otra
de las novedades del acuerdo es que el resto del dinero se repartirá
entre las Comunidades Autónomas. El objetivo es que utilicen
esos nuevos fondos para financiar políticas de cohesión,
actividades de formación para médicos o reducir el consumo
innecesario de medicamentos. La distribución se acordará
en el Consejo Interterritorial de Salud.
Todos
estos cambios se incluyen en una disposición adicional del Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado que se presentó ayer.
Se rompe así una tradición de pactos que comenzó
durante el anterior Gobierno socialista, cuando Ángeles Amador
era ministra de Sanidad. Desde entonces sólo ha habido un periodo
(2000-01), en el que no hubo ningún pacto vigente con Farmaindustria.
El
actual equipo de Sanidad considera que es «difícilmente
planteable un pacto entre el Estado y un sector industrial». Por
lo tanto, se reserva el derecho a poner fin a una situación que
«situaba en clara desventaja a las empresas de distribución
de productos farmacéuticos y a las propias farmacias».
Desde el año 2000, la contribución de ambos sectores es
obligatoria y progresiva en función de sus ventas y también
está regulada por ley. Esta aportación supone 300 millones
al año.
«Relación
perversa»
El
pacto con Farmaindustria, que acaba de romper Sanidad, estará
vigente hasta el 31 de diciembre. El acuerdo ha permitido que los laboratorios
aporten durante estos tres últimos años 300 millones de
euros a proyectos públicos de investigación biomédica
y clínica. Estas cantidades se calculaban en función del
crecimiento del gasto farmacéutico, «una relación
perversa que proporcionaba más dinero a investigación
cuánto más crecía el gasto farmacéutico;
mientras se luchaba por contenerlo», explicó el subsecretario
de Sanidad, Fernando Puig de la Bellacasa.
Las
aportaciones de los laboratorios a la investigación pública
son una compensación por los crecimientos excesivos de la factura
de farmacia. Este crecimiento excesivo se calcula con las subidas del
gasto farmacéutico por encima del PIB nominal (crecimiento económico
más inflación). En concreto, se fijaba un incremento pactado
del 6,5 por ciento anual, y la industria efectuaba aportaciones si el
incremento superaba ese valor, pero hasta un tope del 9,5 por ciento.
A partir de ese punto no tenían ningún compromiso de devolución,
como sucedió dos años.
Rechazo
frontal de Farmaindustria
La
inclusión vía presupuestos de las aportaciones de la industria
cogió por sorpresa a Farmaindustria, que ayer se limitó
a manifestar su «frontal rechazo y oposición a este tipo
de iniciativas, por unilateral e intervencionista». Fuentes de
la patronal destacaron que hasta ayer no conocían las intenciones
de Sanidad. Calificaron la medida como «sin precedentes y de extraordinaria
gravedad», a la vez que advirtieron que tendrá graves repercusiones
en los laboratorios. Los fabricantes de genéricos adelantaron
ayer que la medida les perjudicará «por su escaso margen
de maniobra» y anunciaron medidas legales para recurrirlo.
